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En el escenario del mercado de fichajes es importante tratar de evitar conductas por parte de directivos que están basadas en impulsos irracionales, y lo adecuado es analizar de forma seria y sosegada si un jugador puede encajar en un determinado equipo tanto por el aspecto deportivo como por el aspecto jurídico.

Estos días se ha hablado sobre el concepto “límite salarial” en la ley LFP con motivo de que algunos equipos no han podido inscribir jugadores, lo que provocó una última semana del mes agosto plagada de infinidad de comentarios e hipótesis.

Dejando al margen que el “límite salarial” no es el mismo para todos los equipos de la LFP, y que la distribución de recursos económicos es ciertamente cuestionable desde el plano de la equidad, la realidad es que sería aconsejable que tanto clubes como jugadores (que son los trabajadores de los clubes) tuvieran asesores expertos en Derecho del Deporte que les pudieran orientar jurídica y económicamente sobre la viabilidad de los fichajes que pretenden realizar.

Sin embargo es para destacar el concepto “límite salarial” el cual nace de las Normas de Elaboración de Presupuestos de la LFP, y en concreto del artículo 38 que regula la definición de plantilla inscribible, pero ello en interpretación literal y sistemática con los artículos 39 y siguientes.

La lectura y comprensión de dicho articulado es complejo incluso para abogados y juristas, y de ahí que cuando la normativa es interpretada por personas ajenas al gremio jurídico, sin duda, se generen comentarios y noticias francamente desafortunadas.

En cualquier caso, la voluntad de la normativa es evitar el caos económico que reina en diferentes clubes y SAD que se endeudan por encima de sus posibilidades para incorporar determinados jugadores, y en ocasiones ello provoca que la entidad deportiva salga perdiendo la categoría por impago.

La finalidad de la normativa que regula la elaboración de presupuestos es clara: buscar un punto de equilibrio (arts. 42 y 43), exigiendo una absoluta buena llevanza de la situación económica de la entidad (que puede ser con forma de club o con forma jurídica de SAD).

Por lo tanto, lo que busca la normativa es que clubes y SAD tengan una economía saneada y transparente, y de esta forma si los jugadores están bien asesorados por personas competentes en los campos jurídicos y económicos, se evitarán situaciones de no poder inscribir jugadores por problemas económicos más propias del fútbol regional que del fútbol profesional.

​La importancia de un buen asesoramiento es clave en el mundo de los deportistas, porque como hemos visto en otros artículos anteriores, en ocasiones son los propios asesores de los jugadores o de los que ayudan a cometer infracciones tributarias e incluso delito fiscal.